Nuestro compañero, Manuel Escacena, socio de Legal Sur Abogados plantea una alternativa que, a su juicio, el trabajador, la empresa y el Estado saldrían beneficiados.
Imagen de Lukas Bieri en Pixabay
El director de un hotel me comentaba que el paro adormece a los profesionales que lo sufren, y cuando vuelven a trabajar, padecen obsolescencia. Trabajando durante dicho periodo -pensé- seguirían estando al día. Esta reflexión me llevó a analizar la posibilidad de que así fuese. Legalmente es incompatible una cosa con otra, pero tiene interés estudiarlo.
El desempleo puede afectar a la autoestima
El desempleado sufre una situación vivencial negativa. Ayer se levantó para ir a su trabajo y hoy sus hijos le preguntan si no va trabajar. Deja detrás experiencias profesionales, proyectos que ocupaban su vida, compañeros, hábitos, lugares, etc. que no son sustituidos, como cuando se cambia de trabajo. Afecta a su autoestima, deprime. Ocupado se está mejor.
¿Qué impacto tendría en cada uno simultanear trabajo y cobrar desempleo?
La propuesta en este ensayo tiene tres actores: el empresario, el trabajador, y el Estado.
Rentabilidad para la empresa
Obligada a prescindir de un empleado, la empresa contaría con un trabajador ya formado y a coste cero, abonando sólo la cotización del “desempleado” (llamémoslo así). La prestación por desempleo cubriría la retribución. Terminado el periodo de desempleo (pongamos 2 años) la empresa, tendría obligación de contratarlo (por ejemplo, un año más) a coste salarial ordinario. Cualquier empresario aceptaría a un empleado tres años, al coste de uno y poco. La rentabilidad sería soberbia. Incluso con un pequeño complemento económico a cargo de la empresa, seguiría conviniendo. Muchas empresas podrían ver salvada su propia existencia y el empleo del resto de sus trabajadores, gracias a este oxigeno nuevo. Hoy existe empleo subvencionado, más caro en coste, que este diseño.
Ventajas para el trabajador
El trabajador tendría estatus de trabajador ordinario en la empresa (en la suya o en otra), con iguales derechos y obligaciones. Equiparado a un trabajador contratado fijo a 3 años (por seguir con el ensayo). Nada le impediría marchar antes por encontrar un trabajo más idóneo y dispondría de una considerable oportunidad para hacerse valer en su puesto y continuar si le conviene. En el plano personal se sentiría más realizado y no caería en obsolescencia.
El empleado no consumiría -durante el desempleo- las cotizaciones acumuladas, porque la empresa cotiza por él, y generaría más carencia para el futuro. No tendría tentación de realizar trabajos no declarados -los hay- porque estaría ocupado. Si no hubiese ocupación en su campo concreto sería en otro. Muchas personas se ven obligadas a aceptar empleos de menor consideración, nivel o salario que el de procedencia, y no pasa nada.
Retorno económico al Estado
El desempleado supone al Estado un coste que no tiene retorno alguno, es puro gasto, y a día de hoy los presupuestos lo tienen asumido. Si el empresario abonase solamente la cotización del desempleado, al Tesoro público retornaría ya un importe nada despreciable para futuras pensiones, toda vez que, durante el desempleo, es el Estado quien cotiza por el parado, que goza por ello como asimilado al alta, de todas las coberturas de Seguridad Social de un trabajador activo.
Beneficioso para la sociedad
El ánimo colectivo de la ciudadanía afectada por el paro, y su entorno, se elevaría. De clase netamente pasiva e improductiva (deambulante a veces), aportarían fuerza de trabajo, productividad y riqueza que retornaría a la sociedad. Prestar un servicio al bien común no es denigrante, todo lo contrario.
Prevención de despidos fraudulentos
Se evitarían también con este diseño despidos fraudulentos pactados entre empresas y trabajadores, para disfrutar un par de añitos sabáticos con cargo al paro; y se evitarían renuncias a ofertas de empleos que se rechazan a veces para no perder el paro, cosas que suceden a diario.
Trabas a la economía sumergida
Individuos que hoy tienen por costumbre «vivir del paro», o trabajar «en B» percibiendo prestaciones, lo tendrían más difícil con esta realidad, toda vez que, ante la renuncia a un trabajo ofrecido y compatible, según el modelo que aquí diseñamos, perderían la prestación. O pasarían a cobrar un mínimo de subsistencia, en vez de la prestación contributiva. Mucho granuja y empresas defraudadoras dejarían así de serlo.
Para la Inspección es infinitamente más fácil de perseguir el fraude que se pudiese dar en este diseño que localizar el empleo sumergido. Muchos trabajos y servicios públicos que no se activan sólo por falta de presupuesto para mano de obra, tal vez se verían atendidos en beneficio de toda la ciudadanía, mediante estos candidatos. En fin, podría estudiarse.
Manuel Alonso Escacena es miembro de Guadaliuris, socio de Legal Sur Abogados y profesor de Máster de Postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y en la Universidad Loyola.
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