Antonio Dorado Picón manifestó este miércoles en los desayunos que organiza Guadaliuris que la implantación de la justicia digital es hoy una realidad gracias al esfuerzo del Ministerio de Justicia, pero especialmente por la inestimable y decidida colaboración de los abogados.
En la mañana de hoy, Guadaliuris ha celebrado una nueva sesión de sus Desayunos con personajes de la vida judicial y la sociedad civil. En esta ocasión el invitado ha sido Antonio Dorado Picón, Secretario General de la Administración de Justicia, quien ha analizado la situación actual de la justicia y los diferentes problemas que colapsan en la actualidad los Juzgados y Tribunales.
Centrado en la importancia de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia ha iniciado su intervención con una detallada y clarificadora exposición de los proyectos de modernización puestos en marcha por el Ministerio a nivel tecnológico y de actualización legislativa para conseguir la absoluta gestión procesal electrónica -mediante el conocido sistema LexNet- con el fin de eliminar el papel de los órganos judiciales. “El objetivo es digitalizarlo todo, la tecnología avanza muy rápido y no nos va a esperar, por lo que debemos ir a su ritmo” ha manifestado el Secretario General en este sentido.
Muy satisfecho con el estado actual del servicio digital en la Administración de Justicia, el Secretario General ha reconocido la necesidad de seguir trabajando para evitar los problemas que en algunos momentos se han producido, especialmente en la formación y la transformación de los medios materiales, a pesar del enorme esfuerzo realizado en este sentido en los últimos años.
A continuación se ha desarrollado un interesante debate en el que los asistentes han podido cuestionar al invitado sobre diferentes cuestiones relacionados con el día a día de la Administración de Justicia como la inversión del Estado, la Ciudad de la Justicia de Sevilla, la demora en la resolución de los procedimientos, el papel de Jueces, Secretarios y personal de los Juzgados, la posible recuperación de competencias en esta materia por parte del Estado o la instrucción de los Fiscales en las causas penales.
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