En la actual Era digital, se tiende a creer que podemos usar o explotar cualquier contenido publicado en Internet, en detrimento de los derechos del autor, que ve mermada su opción de publicitar o difundir su creación en una página web o red social, ante el riesgo de que las mismas sirvan de vehículo para el plagio o divulgación de su obra sin su permiso.
Frente a esta situación, la legislación española garantiza la protección del derecho de autor tanto en la Ley de Propiedad Intelectual como en el Código Penal, contemplado el plagio (uso, explotación o difusión de una obra literaria, artística o científica como propia, sin autorización del autor) como un delito sancionable con pena de prisión o multa, con las acciones civiles de carácter indemnizatorio o de cese de infracción que derivan de la propia sanción.
El problema nace cuando el presunto infractor no es de nacionalidad española, ni reside en nuestro país, dado que Internet no entiende de fronteras, pues el elemento territorial desaparece cuando se trata del ciberespacio, dando lugar a confusión en cuanto a determinar a quién compete resolver el conflicto, si a los Tribunales españoles o a los del Estado del infractor.
Desde hace varios años, los expertos en la materia optan por una futura Ley Universal que regule a nivel internacional respecto de todo aquello que entre en relación con el ámbito electrónico, proyecto que ya está en marcha gracias a la colaboración de diversos Organismos Internacionales, preocupados por la desprotección que genera la facilidad de acceso a los contenidos por mediación de la Red.
Mientras eso sucede, surge una pregunta: ¿dónde dirigirnos para reclamar la violación de nuestros derechos? La respuesta es relativamente sencilla: en todo caso debemos acudir a nuestros Tribunales, pues a ellos corresponde determinar si son competentes o no en la materia, atendiendo al caso concreto y al lugar donde el acto despliega sus efectos, sin perjuicio de que la cuestión pueda ser elevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o al Tribunal Internacional que corresponda.
En definitiva, nuestro Estado de Derecho salvaguarda la propiedad intelectual y el derecho de autor de los españoles frente al plagio en Internet, sea el infractor español o no, por lo que, previo asesoramiento legal, no deje de defender sus derechos y haga justicia.
Lola de Miguel Rosado
Bufete Génova
(Publicado en El Diario de Sevilla, 29 dic 2017)
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